INSEGURIDAD Y LA ACTIVIDAD COMERCIAL

Por: Lic. Rigoberto González. Economista / Centro Retail de Panamá

La inseguridad es uno de los problemas que más afecta a la actividad comercial. Desde antes de la pandemia por Coronavirus, el comportamiento del comercio nocturno en el país ya no era como antes. Algunos restaurantes, supermercados, farmacias y centros de entretenimiento habían dejado de atender las 24 horas, lo que perjudicaba a los consumidores. Las dos razones principales fueron: el alto costo del personal que labora en horarios rotativos y la inseguridad.

 Con el inicio de la pandemia que azota el país y la cuarentena establecida, medios periodísticos reportaban el hurto, saqueo y vandalización de varios locales comerciales en la ciudad capital. Esta situación se registró en diferentes sectores y también ocurrieron en las provincias.  Algunos centros comerciales no escaparon a esta realidad.  La Policía Nacional y los demás estamentos de seguridad brindaron la seguridad y en rápidas acciones lograron la captura de varios sujetos que habían cometido estos hechos delictivos.

La inseguridad afecta al comercio en todos sus niveles. Con una campaña de alcance comunitario, el Gobierno Nacional instó a los panameños para que estuvieran vigilantes y aportaran a la seguridad de las tiendas, abarroterías y minisúper en las diferentes regiones del país.

Estos comercios operados principalmente por asiáticos facilitan la compra de alimentos, aliviando el flujo de consumidores en los supermercados. Las autoridades manifestaron que no se tolerarían ni los saqueos ni los actos que atentaban contra la integridad de los dueños de negocios y sus familias.

Y no sólo las empresas son afectadas. Meses atrás la Dirección de Investigación Judicial exhortó a los ciudadanos en especial a empresarios y comerciantes a denunciar los delitos de extorsión por los que estaban siendo víctimas. Las recomendaciones surgieron luego que, acciones investigativas realizadas permitieron la captura de personas vinculadas en la extorsión contra comerciantes en Panamá Este y la provincia de Colón.

Las primeras cifras reportadas este año señalaban 2,267 denuncias, de las cuales 885 era por hurto, 554 por robo, 301 estafa, 269 lesiones personales y 258 por el delito de posesión ilícita de arma de fuego, cifras que preocupan tanto a los consumidores como a los empresarios. En 2019, así como en lo que va del año, los delitos de mayor incidencia fueron contra el patrimonio económico, de igual forma el hurto, robo, posesión de arma de fuego y lesiones personales.

En febrero pasado, la Fiscalía de Atención Primaria informó que en el arranque del 2020 habían ingresado 2,267 causas criminales. De estas, el hurto registró el mayor número de casos con 885, seguida del robo con 554, estafa con 301, lesiones personales 269 y posesión de arma con 258.

Las zonas de mayor incidencia fueron Bella Vista, San Francisco, Betania, Ancón y Juan Díaz. Lo que más roban son celulares, aparatos electrónicos, dinero, artículos de valor en los automóviles, entre otros.

Un informe de la Sección de Atención Primaria de la Fiscalía Metropolitana confirmó que del 1 de enero al 31 de diciembre 2019 se reportaron delitos contra el patrimonio económico con 12,558 denuncias.

En 2019, estas acciones delictivas totalizaron 20,861 en el área metropolitana. No obstante, seguramente habrá un gran número de incidentes no reportados ante las autoridades si se toma como experiencia la encuesta de victimización realizada en 2017, que reveló que el 85% de los delitos no se reportan.

El Ministerio Público tiene conocimiento sobre delitos contra el patrimonio económico desde los $250. Si se encuentran tendientes a probar o vincular a una persona, se inician las investigaciones, y si la causa no es procedimental, la declina a otra entidad competente.

Los especialistas en materia de seguridad recomiendan aplicar la “Tolerancia Cero”.  Este es un enfoque de política de seguridad que se basa en castigar severamente cualquier infracción legal sin importar la gravedad de la falta cometida, reduciendo al máximo el retardo entre la comisión del delito y la respuesta judicial. La Tolerancia al delito es eliminada, por lo que no se tiene en cuenta circunstancias atenuantes a la hora de castigar delitos, faltas o cuantías.

 

 

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