Por: Lic. Rigoberto González M. / Centro Retail de Panamá (CEREP)
El sistema de información al consumidor en Panamá atraviesa un punto de inflexión histórico y decisivo. Con la puesta en marcha de la hoja de ruta para implementar el nuevo Reglamento Técnico Centroamericano (RTCA) sobre Etiquetado General de Alimentos Envasados y el debate legislativo en torno a los proyectos de ley 402 y 445 sobre etiquetado frontal, el país debate intensamente sobre cómo conciliar la modernización tecnológica, la competitividad comercial y la urgencia de la salud pública.
Plazos y adecuación: El horizonte obligatorio de febrero de 2027
El Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) ha coordinado mesas de trabajo interinstitucionales con el sector privado, representado por la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP). Este diálogo busca una implementación ordenada que evite el desabastecimiento, otorgando a las empresas un periodo de adecuación de ocho meses para cumplir con las exigencias del reglamento centroamericano, cuya entrada en vigor obligatoria vence en febrero de 2027. Mientras los fabricantes nacionales ya deben incluir la información en español para sus registros sanitarios, el mayor reto recae en los productos importados que ingresan con empaques en otros idiomas.
El debate tecnológico: ¿Códigos QR o inclusión ciudadana?
Uno de los puntos más polémicos de la agenda nacional es la evaluación de alternativas tecnológicas, como los códigos QR, propuesta inicialmente llevada por Panamá ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) en 2024. Por un lado, instituciones como la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) y la propia CCIAP respaldan esta apertura digital. Argumentan que el soporte digital permite superar el espacio físico del empaque, ofreciendo contenidos multimedia, integración de lenguajes indígenas y evitando costos de reempaque que encarecerían los productos en los anaqueles.
En contraste, el Movimiento de Alimentación Saludable (MAS) rechaza enérgicamente que el código QR sea considerado una etiqueta principal. Las organizaciones civiles advierten que condicionar el acceso a la información nutricional a la posesión de un teléfono inteligente, datos móviles y batería genera una profunda exclusión social. Esta barrera tecnológica afecta de manera directa a las comarcas y pueblos indígenas sin cobertura de red, a los adultos mayores y a los menores de edad, recordando además que el uso de celulares está prohibido en las escuelas panameñas.
Impacto comercial y la encrucijada del SIECA
Desde la perspectiva económica, la discusión trasciende lo sanitario. El Sindicato de Industriales de Panamá (SIP) y la Alianza Latinoamericana de Asociaciones de la Industria de Alimentos y Bebidas (ALAIAB) han alertado sobre los peligros de legislar unilateralmente al margen de la integración regional.
Panamá mantiene compromisos económicos clave con el Subsistema de Integración Económica Centroamericana (SIECA). La industria advierte que el 47% del comercio exterior se realiza entre países vecinos y que las micro, pequeñas y medianas empresas (pymes), que constituyen el 96% del sector productivo, sufrirían costos gravosos y pérdida de competitividad ante normativas no armonizadas.
Sin embargo, el panorama jurídico presenta matices institucionales. La Secretaría Ejecutiva del Comisca emitió un pronunciamiento aclarando que la existencia de propuestas en el SICA no suspende la potestad normativa interna de los Estados hasta que un instrumento regional entre formalmente en vigor, otorgando a Panamá un resquicio legal para legislar localmente, aunque con el llamado imperativo a buscar consensos técnicos.
Salud pública, sobrepeso y evidencia científica
Este pulso regulatorio ocurre en medio de una crisis sanitaria alarmante. Datos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) indican que el 71.7% de los adultos en Panamá presenta exceso de peso y el 35.3% vive con obesidad. El Ministerio de Salud (MINSA), ha respaldado el etiquetado frontal de advertencia (sellos octagonales) como herramienta indispensable para que los consumidores identifiquen con rapidez productos altos en azúcares, sodio y grasas saturadas vinculados a diabetes e hipertensión.
Avalando esta postura, algunos especialistas señalan que Panamá cuenta con un estudio empírico realizado por la OPS, la FAO y la fundación MAS en 31 supermercados con 1,200 ciudadanos, el cual demostró que los sellos octagonales son hasta 15 veces más efectivos que otros sistemas informativos. En contraparte, ALAIAB cuestiona la efectividad de medidas fiscales como los impuestos a los alimentos, señalando con base en experiencias internacionales que no son costo-efectivas para reducir la obesidad y que a menudo terminan funcionando como instrumentos recaudatorios en lugar de sanitarios.
Educación del consumidor: El pilar fundamental
Finalmente, todos los actores coinciden en que ningún sistema de etiquetado o código digital resolverá por sí solo los desafíos nutricionales del país si no se acompaña de una sólida educación del consumidor. Fomentar la alfabetización alimentaria desde las aulas y capacitar a la población en la lectura consciente de ingredientes y porciones es la clave para estructurar una política pública integral que proteja la salud de los panameños sin fracturar la estabilidad comercial e industrial de la nación